Un Subcódigo para Blanquear la Realidad
Resulta que la UNED, además de su famoso Código de Conducta, también cuenta con un «subcódigo» específico para los materiales didácticos. Suena bien, ¿verdad? Como si de verdad se preocuparan por garantizar la accesibilidad a los recursos educativos. Pero basta con leer un par de párrafos para notar que es puro humo.
Mientras la universidad presume de su compromiso con la educación a distancia, la realidad es que los estudiantes deben pagar precios desorbitados por manuales que, en ocasiones, cuestan más que la propia matrícula. Y no hablemos de las reediciones: cambios mínimos como pasar de una edición de tapa dura (más calidad) a una edición de tapa blanda dos columnas, o con más erratas que en la versión anterior y, por supuesto, la obligación de volver a pasar por caja.
¿Por qué no existen ediciones digitales asequibles?
En pleno siglo XXI, cabría esperar que la UNED ofreciera opciones digitales asequibles y de fácil acceso para su alumnado. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta expectativa: seguimos anclados en la venta de manuales impresos como única alternativa, ignorando las múltiples ventajas que ofrecen los formatos electrónicos. El paso a lo digital no solo abarataría el coste para los estudiantes —un factor determinante para quienes tienen recursos limitados—, sino que también permitiría actualizar los contenidos al instante y corregir erratas en tiempo real sin gasto adicional.
Pero este salto tecnológico parece chocar de frente con el modelo de negocio que rodea la producción y venta de libros en papel. Aunque la UNED presume de vocación social, la protección de la propiedad intelectual se utiliza como argumento para no lanzar ediciones digitales a un precio razonable, al tiempo que se perpetúa un sistema editorial basado en reediciones que apenas difieren de las anteriores. De esta forma, se priorizan los intereses económicos por encima de la democratización de la educación, contradiciendo el espíritu que supuestamente guía a la institución.
Además del ahorro económico, el uso de formatos digitales tendría un impacto medioambiental positivo, al reducir la necesidad de imprimir miles de ejemplares que, al cabo de pocos años, quedan desactualizados. Asimismo, en una universidad a distancia donde el aprendizaje en línea es cada vez más común, resulta paradójico que no se impulse con fuerza el recurso a e-books o PDF. Este estancamiento perjudica al estudiantado, que ve cómo su formación se encarece y se hace más compleja de lo necesario.
La complicidad de los representantes de estudiantes
En este punto, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están los representantes de estudiantes cuando se trata de defender los intereses de quienes los eligieron? Pareciera que, en lugar de actuar en beneficio del alumnado, permanecen inactivos, más preocupados por adornar su currículum que por cumplir con la responsabilidad que se les ha confiado.
La función de un representante estudiantil va mucho más allá de figurar en una lista o asistir a reuniones protocolarias. Su deber principal debería ser proteger los derechos de sus compañeros, alzar la voz ante injusticias y exigir soluciones cuando se vulneran esos derechos. Sin embargo, en asuntos tan críticos como el abuso de precios de los materiales o la falta de opciones digitales —cuestiones que afectan de lleno al bolsillo y la calidad educativa de miles de alumnos—, el silencio resulta ensordecedor.
Esta aparente indiferencia pone de manifiesto una preocupante falta de compromiso, que en la práctica contribuye a perpetuar los problemas que dicen combatir. Cuando quienes ostentan la representación no se pronuncian ni impulsan acciones concretas, la institución y las editoriales siguen operando sin obstáculos, manteniendo modelos de negocio que perjudican a quienes menos recursos tienen.
En un escenario ideal, los representantes de estudiantes serían la pieza clave para canalizar las quejas y promover cambios estructurales a favor del colectivo. Deberían reclamar rendición de cuentas, proponer alternativas para abaratar el coste de los materiales y exigir transparencia en las políticas de propiedad intelectual. Al margen de discursos y buenas intenciones, lo que realmente marca la diferencia son los hechos.
Si los representantes permanecen de brazos cruzados, el alumnado queda indefenso, sin un interlocutor que haga valer sus derechos ante la UNED o ante las entidades que gestionan la producción y venta de los manuales. En última instancia, su pasividad equivale a un acto de complicidad, porque el inmovilismo no hace más que reforzar las dinámicas que tanto afectan a la calidad y accesibilidad de la educación a distancia.
La hipocresía del «Subcódigo»
Según este maravilloso subcódigo, la UNED se compromete a:
- Fomentar la distribución libre de contenidos educativos entre los estudiantes (Art. 2.b)
- Fijar precios de venta razonables y proporcionados (Art. 2.e)
- Minimizar el impacto medioambiental incrementando el uso de soportes digitales (Art. 2.g)
- Elaborar contenidos en formatos accesibles para todo tipo de necesidades (Art. 2.h)
- Poner a disposición de los estudiantes materiales complementarios sin coste adicional (Art. 4.c)
- Actualizar periódicamente los contenidos sin sobrecoste para los estudiantes (Art. 4.f)
- Evitar prácticas abusivas que impongan la compra de materiales obligatorios (Art. 4.g)
¿Cómo van con esos objetivos? Spoiler: fatal.
El precio de los manuales sigue siendo un despropósito, los cambios en las reediciones son irrisorios, y los estudiantes terminan recurriendo al mercado alternativo de PDFs porque la propia universidad no les da opciones asequibles.
La educación pública es un bien social, pero la UNED la trata como un negocio
La universidad pública debe ser un servicio a la sociedad, no un negocio encubierto. Los docentes de la UNED ya reciben un sueldo más que digno y no necesitan lucrarse vendiendo libros a sus propios alumnos. Si alguien quiere dedicarse al negocio editorial, que lo haga fuera del ámbito universitario, sin obligar a los estudiantes a pagar precios abusivos.
Mientras tanto, la hipocresía institucional sigue en pie. Se redactan subcódigos llenos de buenas intenciones, pero en la práctica nada cambia. Los estudiantes siguen pagando precios excesivos por manuales que podrían estar disponibles en PDF a un coste muy inferior, si es que no de manera gratuita.
¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo esta situación? Mientras la comunidad estudiantil no exija un cambio real y los representantes sigan de adorno, la UNED seguirá exprimiendo a sus alumnos con un modelo editorial obsoleto y abusivo.
SUBCODIGO_DE_CONDUCTA_SOBRE_MATERIALES_DIDACTICOS