Antes de la aparición de plataformas dedicadas a monetizar apuntes, los estudiantes solían compartir sin mayores problemas sus apuntes y manuales de estudio, sobre todo a través de grupos de Facebook. Con el tiempo, surgieron grupos de Telegram que aprovecharon la ausencia de límites de espacio para subir archivos de gran tamaño, propiciando un intercambio aún más fluido de material didáctico. Esta dinámica solidaria funcionó relativamente bien durante un tiempo, hasta que, hace unos meses, algo cambió en Telegram.
La empresa Smart Protection, S.L. emprendió una serie de denuncias ante Telegram, reclamando supuestas infracciones de derechos de autor sobre los manuales de estudio. Como resultado, la plataforma eliminó los archivos denunciados e incluso cerró varios grupos dedicados a compartir estos materiales, lo cual generó gran preocupación en la comunidad estudiantil.
En esta captura se aprecia cómo Telegram Support notifica al administrador (o a los miembros implicados) que ha recibido quejas por supuesta infracción de derechos de autor . Se insta al usuario a contactar con el titular de los derechos a través de las direcciones de correo proporcionadas, dejando claro que se trata de un procedimiento de aviso y retirada habitual en casos de reclamación de copyright.
La actividad de Smart Protection, S.L. no se limita a la eliminación de manuales de estudio en Telegram, sino que también alcanza a apuntes y resúmenes compartidos tanto en grupos de mensajería como en páginas web que utilizan servicios de almacenamiento en la nube. Que se llegue a denunciar simples apuntes (elaborados por y para estudiantes) resulta, cuando menos, cuestionable. Se podría interpretar bien como un ataque al derecho a la educación, o bien como un empacho de codicia, que prioriza los intereses mercantiles sobre la finalidad formativa.
En la captura, se aprecian notificaciones de retirada de diferentes carpetas donde se albergaban apuntes y materiales de estudio, junto a mensajes de error que indican la indisponibilidad de los archivos. Esta evidencia visual ilustra cómo la presión de las denuncias conduce al bloqueo de contenidos, afectando a quienes necesitan estos recursos para aprender y estudiar. Se pone de manifiesto el choque entre la protección extrema de derechos de autor y el derecho fundamental de acceso al conocimiento, dejando a muchos estudiantes en situación de indefensión.
¿Quién es Smart Protection, S.L. y a qué se dedica?
Smart Protection, S.L. es una sociedad limitada de origen español con CIF B72269129 y sede principal en Madrid (Poeta Joan Maragall, 1, 28020). Su actividad se centra, principalmente, en la protección de derechos de autor y de propiedad intelectual en Internet, incluyendo la eliminación de contenidos ilícitos, la gestión y desarrollo de contenido digital y el asesoramiento tecnológico a diversas empresas.
Domicilio social: Poeta Joan Maragall, 1, 28020, Madrid
Teléfono: +34 911 975 055
Fecha de constitución: 27/08/2014
Número de empleados (2022): 124
Actividad principal: Servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico (CNAE 7112)
Objeto social: Protección de derechos de autor y propiedad intelectual, eliminación de contenidos ilícitos online, gestión y desarrollo de contenido digital, y consultoría en tecnologías de la información.
El objetivo fundamental de Smart Protection, S.L. consiste en detectar y retirar contenidos que puedan infringir derechos de autor o que se consideren ilícitos según la legislación española o internacional. Para ello, la empresa colabora con titulares de derechos (como editoriales, productoras o compañías de entretenimiento), a quienes presta servicios de monitorización, localización y eliminación de archivos que vulneren sus intereses.
Propiedad intelectual propia: logos, marcas y diseños, protegidos por los registros de propiedad intelectual correspondientes.
Operaciones más destacadas
Retirada de contenidos: Actúa como intermediaria ante las plataformas digitales (por ejemplo, redes sociales o servicios de mensajería) para denunciar y solicitar la retirada de contenidos protegidos por derechos de autor.
Monitorización continua: Ofrece servicios de búsqueda y localización de copias o materiales presuntamente ilegales en Internet.
Servicios de asesoría: Incluye la gestión y desarrollo estratégico de tecnologías de la información y la comunicación, con especial atención a la seguridad y la propiedad intelectual.
El papel de la UNED en todo este entramado
A simple vista, la UNED parece preocuparse por la accesibilidad a los materiales, contando incluso con un subcódigo que, en teoría, refuerza su Código de Conducta para el ámbito de los materiales didácticos. Sin embargo, un análisis más detenido deja ver enormes contradicciones entre lo que se promete y lo que se ofrece.
Un ‘subcódigo’ que no se cumple. Este subcódigo menciona objetivos loables, como:
Fomentar la distribución libre de contenidos educativos
Mantener precios razonables en los materiales
Minimizar el impacto medioambiental con soportes digitales
Evitar prácticas abusivas y garantizar actualizaciones periódicas sin coste adicional
En la práctica, los manuales siguen teniendo precios desorbitados, y las reediciones se limitan a cambios mínimos, a veces con fallos o erratas adicionales. Peor aún, no se ofrecen ediciones digitales asequibles, a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI y de la evidente demanda de formatos más económicos, sostenibles y accesibles.
La UNED, que presume de su carácter inclusivo y de su enfoque a distancia, se vería inmersa en un claro conflicto de intereses si se confirmara que ha contratado una empresa dedicada a la protección de derechos de autor para censurar los materiales creados y compartidos por los propios estudiantes. De confirmarse esta práctica, sería contradictorio con la idea de fomentar el libre acceso a los materiales educativos, dado que, de manera indirecta, se estarían desincentivando los intercambios solidarios de apuntes y resúmenes que desde siempre han ayudado a quienes no pueden costear manuales oficiales o requieren de un complemento a la información oficial. La cuestión es determinar si dicha empresa actúa por iniciativa propia o a petición expresa de la universidad, lo cual cambia por completo la responsabilidad de la UNED en la supuesta persecución de los materiales de estudio.
La inacción de los representantes estudiantiles
La inacción de los representantes estudiantiles resulta, cuando menos, desconcertante. En un contexto donde la UNED mantiene un lucrativo negocio editorial al margen de su propio Subcódigo de Conducta (el cual supuestamente garantiza precios asequibles y fomenta alternativas digitales), quienes deberían alzar la voz ante estas contradicciones optan por el silencio. Si la universidad ha contratado o permitido la actuación de servicios de vigilancia digital para denunciar apuntes y resúmenes, estaríamos ante un escándalo que pide a gritos una respuesta contundente de la representación del alumnado.
Lejos de denunciar públicamente las prácticas abusivas en las reediciones de manuales o de presionar para que se cumplan los compromisos de accesibilidad reflejados en ese subcódigo, buena parte de los representantes parece más preocupada por entablar contactos influyentes que por exigir explicaciones. Este inmovilismo no solo facilita la consolidación de un escenario donde los manuales se venden a costes desorbitados y casi sin competencia, sino que además refuerza la idea de que el discurso oficial de la UNED (centrado en la inclusión y la equidad) no es más que retórica.
Mientras las dudas sobre la contratación de servicios de vigilancia digital no se aclaran, se multiplican las denuncias masivas y la eliminación de apuntes. Esa ausencia de transparencia en la toma de decisiones, sumada a la pasividad de los representantes, deja vía libre para que la institución y las editoriales apliquen sin trabas las políticas que consideran más rentables. Peor aún, el precio de los manuales sigue aumentando, el acceso a versiones digitales brilla por su ausencia y, como resultado, el Subcódigo de Conducta queda en papel mojado.
Con esta falta de iniciativa, los representantes estudiantiles no cumplen la función para la que fueron elegidos. El estudiantado, especialmente el más vulnerable económicamente, queda desprotegido ante un sistema que aparenta ser público y accesible, pero que en la práctica se comporta como un negocio. Esta carencia de liderazgo y de voluntad para defender las verdaderas necesidades académicas desalienta a la comunidad universitaria, que observa cómo sus supuestos portavoces no cuestionan las decisiones que menoscaban el derecho a una educación verdaderamente asequible y de calidad.
En definitiva, la complicidad silenciosa de la representación con las políticas editoriales de la UNED bloquea cualquier cambio real. Cuando los manuales siguen costando demasiado, las reediciones añaden escaso valor y las alternativas digitales sencillamente no existen, la pregunta que surge es inevitable: ¿Para qué sirve un subcódigo si la propia universidad y los representantes estudiantiles lo ignoran?
Propuestas para enfrentar el problema
Duplicar los espacios de colaboración:
Si cierran un grupo de Telegram, crear dos nuevos. De esta forma, se dificulta el bloqueo sistemático y se multiplican las alternativas para que los estudiantes compartan información y materiales.
Fomentar la descentralización en distintas plataformas (Matrix, Discord, foros privados, etc.) para no depender exclusivamente de un único servicio de mensajería.
Demandar transparencia y participación activa:
Exigir a la UNED que aclare su relación con Smart Protection, S.L. (o cualquier empresa encargada de denunciar contenido) e informar públicamente si existe un contrato formal.
Impulsar asambleas o reuniones abiertas donde los representantes de estudiantes estén obligados a responder preguntas directas sobre este tema y sobre la gestión del negocio editorial en la universidad.
Crear repositorios alternativos y seguros:
Establecer plataformas o redes internas de intercambio de material, con protocolos de seguridad y copias de respaldo, que reduzcan la posibilidad de cierres repentinos.
Colaborar con organizaciones y colectivos que promuevan el software libre y la cultura abierta, para garantizar un acceso seguro a documentos y apuntes.
Exigir formatos digitales asequibles:
Reclamar la implementación de ediciones digitales de los manuales a un precio razonable (o incluso gratuitos), en consonancia con el principio de acceso universal.
Impulsar la creación de un catálogo digital oficial de la UNED, con licencias que respeten la propiedad intelectual pero también la necesidad de estudiar de quienes tienen recursos limitados.
Reforzar la representación estudiantil con acciones concretas:
Exigir a los representantes que presenten propuestas formales ante la UNED para abaratar los manuales, evitar reediciones de dudosa utilidad y promover la transparencia en la producción editorial.
Organizar comisiones de trabajo dentro del estudiantado para auditar el cumplimiento del subcódigo de conducta y publicar informes periódicos sobre los avances (o retrocesos).
Fomentar la denuncia pública y mediática:
Difundir en redes sociales y medios de comunicación independientes las prácticas que dificultan el acceso a los materiales didácticos.
Generar campañas de concienciación sobre el derecho a la educación, implicando a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general.
Recurrir a asesoría legal si es necesario:
Consultar con expertos en derechos de autor y derecho administrativo para evaluar posibles acciones legales que protejan el derecho a la educación frente a prácticas abusivas.
Documentar todas las denuncias y cierres de grupos para tener un registro que respalde cualquier reclamación formal.
En definitiva, la clave está en la organización colectiva y la persistencia. Cada vez que se intente cerrar un espacio de aprendizaje compartido, se deben abrir más, y cada vez que se impongan restricciones injustas, se necesita alzar la voz con fuerza y determinación. Solo así se podrá construir un modelo educativo verdaderamente accesible, democrático y acorde con la función social que se supone debe cumplir la UNED.
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